El
dictamen del juez Francisco Ortega, que cambió la medida de coerción a los
imputados Víctor Díaz Rúa y Angel Rondón, de prisión en Najayo a una garantía
económica, nos dice con claridad hacia donde el gobierno conduce el más
escandaloso acto de corrupción oficial, conocido como el caso Odebrecht.
Prueba
de que esa decisión procura la impunidad frente al cohecho, es la connivencia
del procurador general Jean Alán Rodríguez, al presentar ex profeso un
expediente mostrenco, pusilánime, anémico…
Hemos
visto, además, cómo el poder mediático del gobierno se usó y se usa para dar
mayor relevancia a penosos hechos de la crónica roja, politizar el huracán
Irma, así como agitar el tema de la
Ley de partidos.
Nada
de esto es nuevo, si tenemos en cuenta que el control social se logra con la
distracción, que consiste en desviar la atención del público de los temas de
mayor importancia a otros de menor relevancia.
Con
su poder mediático, las elites políticas y económicas, mediante la técnica del
diluvio o inundación continua de distracciones han sacado el tema
Odebrecht-Punta Catalina de los medios bajo su dominio.
La
estrategia inició al implicar a distintos sectores políticos y económicos en el
escandaloso caso, para luego tomar medidas blandas con los apresados e ir
degradándolo poco a poco hasta lograr la impunidad.
Y
esa maniobra la conocían casi todos los imputados, que decidieron guardar
silencio, y que antes había sido roto por Temístocles Montás y el señor Angel
Rondón cuando se le dictó privación de libertad.
Igual
estratagema contenida en el manual "Armas silenciosas para guerras
tranquilas", le aplica el gobierno a la Marcha Verde para
debilitarla y desactivar su lucha contra la corrupción y la impunidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario