Raíces Radio

sábado, 28 de mayo de 2016

Crisis de legitimidad

Por ANULFO MATEO PÉREZ

Tras los comicios del pasado 15 de mayo, la República Dominicana está siendo afectada por una aguda crisis institucional, caracterizada por una complejidad de factores, como fraudes diversos, rompimiento con leyes y normas electorales, y las relaciones tradicionales entre actores políticos y sociales.       

La incertidumbre de los dominicanos es evidente, desde la gente de a pié, hasta el empresariado, pasando por los distintos sectores religiosos, líderes políticos y los poderes institucionales y fácticos. 

La inestabilidad institucional es ostensible en la JCE, TSE, TC, poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, ya que no están en capacidad de intervenir para impedir la caída libre del obsoleto sistema político vigente.

La crisis política se podría complicar aún más si los poderes del Estado son usados para cercenar los derechos electorales y políticos de los ciudadanos, en una sociedad con viejas tensiones acumuladas.

Es inocultable el descontento, desconfianza, desaprobación y desconocimiento de los representantes políticos, disfunciones y contradicciones, que en el país se han ido gestando desde hace décadas.

Los responsables del creciente deterioro institucional deben entender que por la ilegitimidad de candidatos electos, ya se están escenificando protestas públicas para que se respete la voluntad popular.

No se debe descartar que por las movilizaciones de masas en desarrollo, se produzcan renuncias de los integrantes de la JCE y las altas cortes, exigidas con energía por millones de ciudadanos defraudados.


Los que gobiernan no saben ahora como sacar al país del atolladero, mientras una buena parte de los actores sociales y políticos valoran la crisis como una oportunidad para salir definitivamente de ellos.

domingo, 22 de mayo de 2016

Repunte de una crisis

Por ANULFO MATEO PÉREZ

Era previsible desde 2014 que se presentaría una crisis tras los comicios del 15 de mayo de 2016, cuando intuimos que se iba a imponer una modificación de la Constitución de la República, comprando voluntades de legisladores oficialistas y de seudos opositores, para permitir la reelección presidencial.

Consumado el hecho, Danilo Medina propuso al PLD repostular a todos los que ocupaban puestos electivos, entre ellos a los que habían sido sometidos a la justicia por corrupción u otros delitos de Estado.

El gobierno desarrolló una agresiva inversión económica con esos fines, comprando a muchos opositores, promoviendo la división del PRD y endosando el apoyo electoral de los que retuvieron esa franquicia.

Sumó a las existentes, a decenas de miles de personas a la nómina pública y a nominillas a otras tantas destinadas a engrosar el voto duro, como ocurrió con la tanda extendida en el Ministerio de Educación.

El régimen creó la falsa percepción de un Presidente en la cima de la popularidad, pagando encuestas maquilladas que coinciden ahora con las cifras de votos a su favor, otorgadas por una JCE a su servicio.

El caos post-electoral que apreciamos, es el resultado de un fraude “mal montado”; de los cabos sueltos dejados por el ahora reo brasileño João Santana, experto en procesos electorales mafiosos.

El manejo del sufragio por la JCE ha resultado un verdadero desorden, y ahora ese organismo no sabe qué hacer frente a tantas evidencias de trastrueques de los votos, dando paso al ominoso “Plan Hurón”.


Si existiera un TSE de jueces honestos, tendría que anular estos comicios, plagados de fraudes y abusos de poder, convocando de inmediato a nuevas elecciones con otra JCE, que respete la libérrima voluntad popular.