Por
ANULFO MATEO PÉREZ
Para
los sectores conservadores, la petición al presidente Danilo Medina de que
renuncie a la primera magistratura del Estado resulta contraproducente,
perturbador del “orden democrático” y un retroceso para la sociedad, admitiendo
así la fragilidad en que se sustentan los poderes públicos.
Ningún
terremoto social o económico ocurrió en Estados Unidos cuando el republicano
Richard Nixon se vio obligado a dimitir de la Presidencia el 8 de
agosto de 1974, tras el escándalo por el “caso Watergate”.
La
renuncia de Nixon no paralizó las actividades económicas, políticas ni sociales
del imperio; al contrario, estas discurrieron sin mayores tropiezos
institucionales y el sistema político salió fortalecido.
El
presidente Otto Pérez Molina renunció al cargo mediante una misiva, el 2 de
septiembre de 2015, tras la
Fiscalía haber emitido
una orden de captura para juzgarlo por corrupción, y
Guatemala no sucumbió.
Enrique Peña Nieto ha sido
conminado en más de una ocasión a renunciar de la presidencia de México,
expresión de un manifiesto ejercicio del derecho ciudadano a revocar su
mandato, sin mayores consecuencias.
La derecha venezolana no sólo ha
exigido la renuncia del presidente Nicolás Maduro, sino que realiza de forma
obstinada repudiables actos terroristas para derrocarlo, sin lograr romper el
orden democrático.
Que un grupo de ciudadanos haya
pedido la renuncia del presidente Danilo Medina, es la expresión del ejercicio
de sus derechos ante tanta frustración y desaliento provocados por los gobiernos
peledeistas.
La alharaca que esta demanda ha
provocado en los conservadores, desnuda el atraso político, la debilidad
institucional y el concepto mesiánico de unos pocos sobre el rol de la figura
presidencial en el país.
