Hablar
de realizar “esfuerzos” para reformar la Policía Nacional y de otros temas
relacionados, como la violencia de los miembros de ese órgano ejercida contra
ciudadanos “de a pie”, es una especie de “bobo” para quienes se dejan cautivar
fácilmente con los mismos argumentos del pasado sobre ese tema.
Las
promesas de “Transformación y Profesionalización” de la Policía, para que
respete los derechos humanos, caen al vacío cuando el Gobierno procura la asesoría
de la policía colombiana, una de las más criminales de la región.
Hablar
de reforma al respecto, es tratar de ocultar que esa institución, al igual que otras
armadas, así como tribunales y las prisiones, en esencia son instrumentos para ejercer
la violencia de la clase dominante.
Las
malas acciones de ese órgano civil armado, es un reflejo de las desigualdades
sociales y económicas imperante en nuestro país; un retrato de las estructuras y
superestructuras de la sociedad.
Se exige
que sus agentes actúen con respeto a los derechos humanos, cuando ellos
proceden de familias empobrecidas, excluidas y abusadas por un Estado al
servicio de minorías insaciables.
Las acciones
brutales de los miembros de la Policía van dirigida principalmente a la
población más vulnerable, no así contra los miembros de la clase dominante,
responsables de la violencia social.
¿Por
qué los órganos represores no actúan con la misma energía contra los que se han
robado y se roban los recursos públicos? Porque estos responden a los intereses
de quienes detentan el poder económico y político.
Desde su fundación, la Policía Nacional ha sido usada para reprimir a los de abajo y proteger a los de arriba. Podrán ponerle parches, pero seguirá siendo el mismo órgano represor de un sistema decadente.