El gobierno que encabeza Danilo Medina luce atrapado en sus propias redes, tejidas en sus andanzas junto a Joao Santana y la empresa brasileña Odebrecht, que para sobornar al boato oficial sobrevaluó obras, entre ellas las plantas de Punta Catalina, las cuales no resisten una auditoría independiente.
Atropado
en la más obscena corruptela, el gobierno ha diseñado un nuevo programa de
distracción, para que el pueblo olvide “los papeles” de Faride Raful, pruebas
de pagos a Joao Santana y Mónica Moura.
Para
diluir su propuesta de formar una comisión en la Cámara de Diputados, que
investigue los pagos irregulares al publicista preso en Brasil, Joao Santana y
a Mónica Moura, por unos mil 400 millones de pesos.
Con
la distracción, el gobierno pretende restar participación a la Marcha Verde del
Millón, del próximo 12 de agosto, para repudiar la corrupción e impunidad, y se
tranquen a todos los funcionarios involucrados.
Con
el propósito de apagar la mecha del caso Odebrecht y librar al funcionariado implicado,
han puesto en primer plano el caso de la venta irregular de los terrenos de Los
Tres Brazos, activando el expediente.
Han
creado un revuelo con el concurso amañado de la elección de nuevos fiscales,
que responderían absolutamente a las directrices personales del Presidente de la República y del
Procurador General.
Es
parte de esa distracción, la carta de Hipólito Mejía dirigida a Leonel
Fernández, donde exige que este explique a la ciudadanía total transparencia del
origen y la magnitud de los fondos de su Funglode.
Nada
de esto es nuevo, si tenemos en cuenta que el control social se logra con la
distracción, que consiste en desviar la atención del público de los temas de
mayor importancia a otros de menor relevancia.