Por ANULFO MATEO PÉREZ
En
América Latina nunca habíamos visto tantos funcionarios públicos, dirigentes políticos
y empresarios en prisión o sometidos a juicio por corrupción, como viene
ocurriendo tras develarse el caso Lava-Jato en Brasil, con diversas ramificaciones
en el exterior, incluyendo a la República Dominicana.
Se
trata de un club de empresas que a
través del soborno se repartían obras públicas con sobreprecios en
Brasil y en países de Latinoamérica, así como en África, con los mismos lobbistas
y “modus operandi”.
En
una buena parte de estos países de la región, la justicia ha intervenido para
juzgar a los imputados de corrupción, algunos de ellos tras las rejas, pero en el
nuestro la impunidad es lo que ha prevalecido.
Y
esto ocurre porque no existe una justicia independiente; por el contrario, es narizgoneada
por el presidente de la
República , que es el que nombra al Procurador General y
decide en la selección de los jueces.
Lo
mismo sucede con el Congreso Nacional, donde el jefe del Poder Ejecutivo traza
las pautas y la mayoría de sus integrantes actúan a pie juntillas, según las
ordenes recibidas desde el Palacio Nacional.
Estamos
padeciendo una pseudo democracia, porque no existe la división de los poderes
públicos en que dice estar sustentada; todo gira alrededor de una farsa;
vivimos en una dictadura institucional.
De
manera, que esas superestructuras del Estado son un disfraz de esa dictadura,
corrupta y corruptora, que se apoya en la fuerza de la sinrazón para el provecho
exclusivo de sus sostenedores y socios.
La
concentración de Marcha Verde frente al Palacio Nacional este domingo,
resultado de una profusa peregrinación desde todos los puntos del país, presagia
que los dominicanos pondrán fin a esta desgracia.