Estos días han sido de fiestas, como es tradición, pero finalizada la algarabía seguirán las presiones del Departamento de Estado del imperio contra los imputados de corrupción en este y otros países, la reactivación de los reclamos contra ese flagelo y su hermana de andanzas, la impunidad.
El pasado diciembre, el gobierno estadounidense dio a conocer las sanciones ordenadas por el presidente Donald Trump, aplicadas contra Roberto José Rivas Reyes, presidente del Consejo Electoral nicaragüense.
También contra el legislador guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez, y el empresario dominicano Ángel Rondón, entre las 13 personas afectadas. Las sanciones conllevan congelar sus activos en EE.UU.
La medida tomada en ese país obliga a los ciudadanos naturales y jurídicos estadounidenses, abstenerse de realizar transacciones comerciales o financieras con las personas sancionadas por actos de corrupción.
A los imputados, las adversidades tienden a agravársele si tomamos en cuenta la condena del vicepresidente de Ecuador Jorge Glas y la presión política contra el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.
EE.UU. podría solicitar la extradición de ciertos implicados en el caso Odebrecht, motivado en la violación a leyes internacionales que rigen las licitaciones, y el perjuicio acarreado a sus empresas por los sobornos.
En nuestro país, se inicia una nueva etapa, conociendo el proceder de la justicia estadounidense y los acuerdos a que llega con los implicados en ilícitos si se disponen a colaborar con las autoridades.
Si a todo eso se le suma el incremento de las movilizaciones y reclamos de Marcha Verde para que el presidente Danilo Medina sea llevado a juicio político ante el Congreso Nacional, la temperatura sería volcánica.
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