Por ANULFO MATEO PEREZ
El presidente Luis Abinader y el ministro Antonio Almonte deben escuchar a todos los que se oponen a la explotación del oro en Romero, comunidad de la provincia San Juan, por los daños medioambientales y socio-económicos irreversibles que causaría, no sólo en esa localidad, sino en todo el Suroeste.
Ahora, 18 sacerdotes de San Juan, Azua y Elías Piña, con la presencia del obispo Tomás Alejo Concepción han solicitado al presidente Abinader, mediante un documento eclesiástico, no otorgar permiso de explotación que junto a una orquestada campaña solicita la minera canadiense Gold Quest.
En el lugar que se pretende explotar el oro nace el río San Juan y muchos de sus más importantes afluentes que más abajo van a la presa de Sabaneta, así como a los acueductos de la provincia del Maguana.
Hay que recordar que el río San Juan hace confluencia con el río Yaque del Sur, para luego llenar la presa de Monte Grande” (en construcción), que irrigará los predios entre Azua y Barahona.
Mediante un manifiesto eclesiástico bien sustentado, sus firmantes consideraron que existen amenazas de contaminación del medio ambiente y daño irreparable a la producción agrícola y ganadera, así como a la vida.
Los “Sacerdotes para el pueblo y con el pueblo”, recuerdan que el papa Francisco, en su encíclica Laudato Sí, ha señalado que “El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia”.
Y precisa, que el agua es “indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua potable dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales”.
El presidente Abinader debe escuchar la voz del pueblo, desde sus distintos segmentos y que mediante manifestaciones públicas, donde han participado esos sacerdotes, ha expresado: “¡Agua sí, oro no!”.
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