Por ANULFO MATEO PÉREZ
El
presidente Luis Abinader pasa por momentos críticos, no sólo porque su accionar
se desarrolla en medio de una pandemia de Covid-19, sino que ha entregado parte
del poder a sectores dentro y fuera de su partido que tienen sus propias agendas,
mientras el pueblo se mantiene expectante en espera del “cambio”.
La demanda de
justicia ante la corrupción del anterior y presente gobierno, con vasos
comunicantes a sectores económicos, y la lentitud en su concreción propia del
orden legal, viene creando desconcierto.
Al gabinete
de Abinader fueron integrados representantes del gran capital, los cuales velan
por los intereses y privilegios de este ante el Estado, y que junto a otros
grupos conforman los poderes fácticos.
Mientras la
Presidencia de la República se “sortea” cada cuatro años, conforme a la
Constitución de la República, las cuotas de poder y privilegios del gran
capital son ratificadas, al ser poderes inconmovibles.
Estamos
analizando cómo funciona el sistema político y los controles establecidos para
evitar los cambios verdaderos de una estructura que se ha conformado con la
bendición del imperio y sus socios.
La alianza
público-privada, en detrimento de los intereses del pueblo, es la expresión de
esa correlación entre el poder permanente y el temporal, controlando a los de
abajo ayudados por la partidocracia.
Si en algo
se avanza contra la corrupción y la impunidad, es por la conciencia creciente canalizada
en su momento en la Marcha Verde y por la necesidad del poder permanente de
colocar parches al sistema en crisis.
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