Era previsible desde 2014 que se presentaría una crisis tras los comicios del 15 de mayo de 2016, cuando intuimos que se iba a imponer una modificación de la Constitución de la República, comprando voluntades de legisladores oficialistas y de seudos opositores, para permitir la reelección presidencial.
Consumado el hecho, Danilo Medina propuso al PLD repostular a todos los que ocupaban puestos electivos, entre ellos a los que habían sido sometidos a la justicia por corrupción u otros delitos de Estado.
El gobierno desarrolló una agresiva inversión económica con esos fines, comprando a muchos opositores, promoviendo la división del PRD y endosando el apoyo electoral de los que retuvieron esa franquicia.
Sumó a las existentes, a decenas de miles de personas a la nómina pública y a nominillas a otras tantas destinadas a engrosar el voto duro, como ocurrió con la tanda extendida en el Ministerio de Educación.
El régimen creó la falsa percepción de un Presidente en la cima de la popularidad, pagando encuestas maquilladas que coinciden ahora con las cifras de votos a su favor, otorgadas por una JCE a su servicio.
El caos post-electoral que apreciamos, es el resultado de un fraude “mal montado”; de los cabos sueltos dejados por el ahora reo brasileño João Santana, experto en procesos electorales mafiosos.
El manejo del sufragio por la JCE ha resultado un verdadero desorden, y ahora ese organismo no sabe qué hacer frente a tantas evidencias de trastrueques de los votos, dando paso al ominoso “Plan Hurón”.
Si existiera un TSE de jueces honestos, tendría que anular estos comicios, plagados de fraudes y abusos de poder, convocando de inmediato a nuevas elecciones con otra JCE, que respete la libérrima voluntad popular.
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