Por
ANULFO MATEO PÉREZ
El
gobierno trata de ganar tiempo para desarrollar un plan de contingencia dirigido
a sacudirse del enjambre de dificultades que le aguijonea tras las acciones
judiciales contra la compañía brasileña Odebrecht y sus socios, cuyos
ejecutivos guardan prisión en ese país por sobornos y lavado de activos.
Preocupa
al oficialismo que el publicista Joao Santana, quien fue asesor de las campañas
electorales de Danilo Medina, haya arribado a un acuerdo de cooperación con la
justicia para revelar todos sus ilícitos.
Y
mientras el mandatario peledeista niega el financiamiento de Odebrecht a su
campaña electoral de 2016, su principal asesor y esposa confiesan que esa empresa sí lo aportó, como lo hizo en otros países.
Frente
a las confesiones de los implicados en el caso de la operación Lava Jato-Odebrecht,
a las presiones mediáticas y del movimiento Marcha Verde, el gobierno ha
decidido apostar a la opacidad de los hechos.
En
tanto, mantiene sus conexiones con Odebrecht y usa a los abogados de esta para
que le “pichen” el juego desde Brasil, tratando con esa y otras maniobras apagar
el clamor popular de que se haga justicia.
Ya
se comienzan a escuchar algunas posiciones aisladas que tratan de llevar la
división al movimiento anticorrupción, y a las organizaciones sociales y
políticas que le sirven de sostén en sus justas luchas.
Desde
el poder se procura neutralizar a sus adversarios de la partidocracia y de las entidades
de la sociedad civil que se han articulado, y los amenazan con incluirlos en el
“expediente” gobierno-Odebrecht.
La
estrategia de los sobornados es restarle actores al movimiento de la Marcha Verde , para
facilitar su atomización, garantizar la impunidad para los corruptos y seguir
la ruta trazada contra vientos y marea.
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