domingo, 4 de febrero de 2018

La quimera del oro

Por ANULFO MATEO PÉREZ

No puedo descifrar por qué la columna de este domingo lleva ese nombre, obra maestra del cine clásico creada por las diestras manos del inmenso Charles Chaplin, porque más que comedia se trata de una tragedia o una farsa a la que se está sometiendo a la provincia San Juan, a toda la región Sur y al país.

Hegel dijo que “todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces”. Y Marx sentenció: “Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”.

La propuesta del Ministerio de Energía y Minas para que el Poder Ejecutivo le conceda a la GoldQuest la explotación de la mina de oro en la comunidad de Romero, es una gran farsa doblemente trágica.

Sabemos de los graves daños medioambientales, sociales, económicos… si se explota esa mina, y que la trama va más allá de las 840 mil onzas de oro, 980 mil onzas de plata y 136 millones de libras de cobre.

Por eso, la respuesta a esa terrible amenaza no se hizo esperar; los sanjuaneros están en las calles, acorazados con un grupo sacerdotal, profesionales, estudiantes, agricultores, ganaderos y ambientalistas.

El obispo José Dolores Grullón Estrella felicitó a sacerdotes, religiosas, laicos y a todo el pueblo por su firme lucha contra la explotación minera en Romero y en defensa a la vida en Azua, San Juan y Elías Piña.

Danilo Medina sabe que cuando los sanjuaneros deciden asumir la defensa de sus derechos no dan marcha atrás, por lo que debe paralizar los aprestos dirigidos a convertir su lar natal en un pueblo fantasma. 

La amenaza de explotar la mina de Romero ha creado una reacción envolvente de toda la sociedad sanjuanera y de los pueblos del Sur y el Cibao. De no desistir, San Juan podría ser el Waterloo del gobierno.

domingo, 28 de enero de 2018

Marchando hacia el Palacio

Por ANULFO MATEO PÉREZ

En América Latina nunca habíamos visto tantos funcionarios públicos, dirigentes políticos y empresarios en prisión o sometidos a juicio por corrupción, como viene ocurriendo tras develarse el caso Lava-Jato en Brasil, con diversas ramificaciones en el exterior, incluyendo a la República Dominicana.

Se trata de un club de empresas que a  través del soborno se repartían obras públicas con sobreprecios en Brasil y en países de Latinoamérica, así como en África, con los mismos lobbistas y “modus operandi”. 

En una buena parte de estos países de la región, la justicia ha intervenido para juzgar a los imputados de corrupción, algunos de ellos tras las rejas, pero en el nuestro la impunidad es lo que ha prevalecido.

Y esto ocurre porque no existe una justicia independiente; por el contrario, es narizgoneada por el presidente de la República, que es el que nombra al Procurador General y decide en la selección de los jueces.

Lo mismo sucede con el Congreso Nacional, donde el jefe del Poder Ejecutivo traza las pautas y la mayoría de sus integrantes actúan a pie juntillas, según las ordenes recibidas desde el Palacio Nacional.

Estamos padeciendo una pseudo democracia, porque no existe la división de los poderes públicos en que dice estar sustentada; todo gira alrededor de una farsa; vivimos en una dictadura institucional.

De manera, que esas superestructuras del Estado son un disfraz de esa dictadura, corrupta y corruptora, que se apoya en la fuerza de la sinrazón para el provecho exclusivo de sus sostenedores y socios. 

La concentración de Marcha Verde frente al Palacio Nacional este domingo, resultado de una profusa peregrinación desde todos los puntos del país, presagia que los dominicanos pondrán fin a esta desgracia.   

sábado, 20 de enero de 2018

De Pilatos a los obispos

Por ANULFO MATEO PÉREZ

Ahora resulta que no hay responsables de la corrupción y la impunidad que asfixian al país; que el desastre en el orden ético-moral, social, económico y administrativo no tiene autores intelectuales ni materiales; que nuestra desgracia ha sido signada por el “destino” al que estamos condenados todos.

El Gobierno dice compartir la preocupación externada por la Iglesia Católica en su Carta Pastoral sobre la corrupción e impunidad que afectan a la nación, mientras propicia y trata de encubrir esos males.

Lo expresado por el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, se inscribe en el “cinismo político”, compartido por quienes profesan una conducta aberrante desde un Estado delincuente.

En sus inicios era “sotto voce” la corrupción del peledeismo, que inició su acumulación primaria con cierta timidez, para terminar de forma descarada enriqueciendo a su cúpula y a otros próximos a ella. 

La Carta de los obispos dio en la diana al criticar “…el apego al poder por el poder, del robo al erario nacional a expensas de la nación, de la apropiación inescrupulosa de ahorros ajenos para beneficio propio…”.

La pieza de los prelados puso el dedo en la llaga al denunciar sin tapujos “…la evasión de impuestos, de tanto crimen y robo, de la creciente violencia, de la impunidad de tantos delincuentes públicos…”.

Esa triste realidad es la que ha provocado que la sociedad dominicana se estremezca y haya constituido la Marcha Verde, para demandar el cese de tantos abusos, que se cometen desde un poder usurpado.   

La marcha que se realizará el próximo 28 de enero hacia el Palacio Nacional, para demandar el cese de la corrupción y la impunidad, debe ser el aldabonazo que permita el definitivo despertar de esta pesadilla.

Táctica de distracción

Por ANULFO MATEO PÉREZ

No es una casualidad que el caso Odebrecht, que involucra a más de una docena de imputados vinculados al gobierno, al oficialista PLD, así como al PRM duerma el sueño eterno en los archivos de la Procuraduría General de la República, en el tribunal a cargo y casi ausente en los medios de comunicación afines.

Previo a que el juez Francisco Ortega, dictaminara que se variara la medida de coerción a los imputados Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, de prisión en Najayo a una garantía económica, sabíamos que eso pasaría.

Ya se conocía la preparación de la medida cuando en connivencia con la impunidad el procurador general Jean Alain Rodríguez, presentó ex profeso un expediente mostrenco, pusilánime, anémico…

Frente a los chanchullos para que prevalezca la impunidad, la sociedad se mantiene firme demandando justicia desde la Marcha Verde, que convoca a caminar hacia el Palacio Nacional el domingo 28 de enero.

El gobierno y sus aliados de andanzas han desarrollado un programa de distracción para que el pueblo olvide la corruptela y en particular el caso Odebrecht-Punta Catalina, usando los medios de comunicación.

No es casual el repunte del tema de la inmigración haitiana, el “visaje” de la fantasmagórica figura del nieto de Trujillo, la “burrundanga” de la partidocracia para marear a la gente y temas banales en las redes.

Esos manejos están dirigidos a echar tierra a los más sonados casos de corrupción de este gobierno y predecesores, así como intentar debilitar la anunciada caminata-concentración de la Marcha Verde. 

Nada de esto es nuevo, si tenemos en cuenta que el control social se logra con la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los temas de mayor importancia a otros de menor relevancia.

domingo, 7 de enero de 2018

Como cascada de dominó

Por ANULFO MATEO PÉREZ

Estos días han sido de fiestas, como es tradición, pero finalizada la algarabía seguirán las presiones del Departamento de Estado del imperio contra los imputados de corrupción en este y otros países, la reactivación de los reclamos contra ese flagelo y su hermana de andanzas, la impunidad.

El pasado diciembre, el gobierno estadounidense dio a conocer las sanciones ordenadas por el presidente Donald Trump, aplicadas contra Roberto José Rivas Reyes, presidente del Consejo Electoral nicaragüense.

También contra el legislador guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez, y el empresario dominicano Ángel Rondón, entre las 13 personas afectadas. Las sanciones conllevan congelar sus activos en EE.UU.
La medida tomada en ese país obliga a los ciudadanos naturales y jurídicos estadounidenses, abstenerse de realizar transacciones comerciales o financieras con las personas sancionadas por actos de corrupción.

A los imputados, las adversidades tienden a agravársele si tomamos en cuenta la condena del vicepresidente de Ecuador Jorge Glas y la presión política contra el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski.

EE.UU. podría solicitar la extradición de ciertos implicados en el caso Odebrecht, motivado en la violación a leyes internacionales que rigen las licitaciones, y el perjuicio acarreado a sus empresas por los sobornos.

En nuestro país, se inicia una nueva etapa, conociendo el proceder de la justicia estadounidense y los acuerdos a que llega con los implicados en ilícitos si se disponen a colaborar con las autoridades.


Si a todo eso se le suma el incremento de las movilizaciones y reclamos de Marcha Verde para que el presidente Danilo Medina sea llevado a juicio político ante el Congreso Nacional, la temperatura sería volcánica.