lunes, 21 de noviembre de 2016

Apretando la tuerca

Por ANULFO MATEO PÉREZ

Carestía de alimentos, medicamentos falsificados y caros, impunidad, privilegios, desempleo, inseguridad, inequidad, saqueo de los recursos del Estado, quiebra de los servicios públicos, autoritarismo… constituyen una mezcla inflamable y peligrosa como la compuesta por nitrato de potasio, azufre y carbón.

Los citados elementos constituyen la pólvora, contenida en un enorme barril llamado República Dominicana, y sobre el cual estamos todos inocentemente sentados, ricos y pobres, gobernantes y gobernados.

Pero además, la peligrosa carga que usamos como incómodo asiento, está dotada de una fina e inapagable “mecha rápida”, que le ayudaría a estallar si surge una “traviesa e inoportuna” chispita abrileña.

Las ollas de presión tienen una válvula de escape para evitar la explosión interior, por lo que a nadie se le ocurriría sellar la salida de los gases y el calor contenido en la misma sin arriesgarse al estallido.

Las elecciones del 15 de mayo no fueron una válvula de escape para expresar democráticamente voluntades ante tantas frustraciones; al echárselas en un bolsillo se sigue jugando con pólvora.

Por las imposiciones del PLD, la Junta Central Electoral (JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC), no serán garantes de un proceso comicial transparente en 2020.

El Poder Ejecutivo, Congreso Nacional y Poder Judicial andan agarraditos de las manos para garantizar la parcialidad en las próximas elecciones a favor del oficialismo, como ocurrió el pasado 15 de mayo.

No es un secreto que la rebelión es el último recurso de los pueblos, cuando las rutas institucionales y pacíficas para lograr los cambios han sido clausurada por la negación de derechos de parte del Estado.

miércoles, 16 de noviembre de 2016

El derecho a la privacidad

Por ANULFO MATEO PÉREZ

Desde que la salud se convirtió en una mercancía de libre mercado y la población dominicana se hizo cada vez más dependiente de las ARS y PSS para recibir sus servicios, bajo la Ley 87-01, la confidencialidad del paciente es cada vez más vulnerada por los actores económicos del Sistema de la Seguridad Social.

Uno de los graves problemas que están confrontando los asegurados que acuden a las farmacias, es que los expendedores de esos establecimientos les están exigiendo revelar sus diagnósticos.

La información requerida es para rellenar un formulario con la misma, lo que desconoce el derecho del paciente a que sus antecedentes personales, su ficha e historia clínica se mantengan en reserva.

Lo mismo ocurre con las indicaciones para pruebas clínicas y de gabinete, y que algunas ARS obligan a consignar el diagnóstico, conocido luego por empleados ajenos al personal de salud y a la ética que lo rige.

He apreciado, que esta práctica se está generalizando y toca al personal administrativo y de más bajo nivel en las ARS, PSS y en hospitales del Estado, a donde acuden con sus dolencias los más pobres.

Las mamparas para separar al enfermo de otros, ya no se usan como antes se hacía, se interroga y se realiza tacto rectal, vaginal, colocación de sonda vesical o examen de mamas a la vista de terceros.

El paciente no es tal, sino un cliente, un objeto con valor comercial, porque con este modelo sanitario, que se privatiza y deshumaniza cada vez más, la salud ha pasado a ser una mercancía muy lucrativa.

Es conveniente recordar que la responsabilidad ética del médico es potenciada por la ley, que otorga el derecho a la privacidad y no le obliga a revelaciones inapropiadas que puedan causar daños al que recibe sus atenciones.

domingo, 30 de octubre de 2016

Patología de la violencia

Por ANULFO MATEO PÉREZ

I

Continúa siendo un desafío hasta para los expertos, o se hace en extremo difícil, sino imposible, una delimitación exacta de la agresión, ataque, hostilidad, violencia y destructividad, y sus contrapartes dialécticamente expresadas, como son el alejamiento, defensa, paz, ternura y creatividad.

Es un criterio común compartido entre especialistas, que esos elementos en su interrelación dinámica tienen implicaciones ontológicas, antropológicas, sociológicas, jurídicas, psicológicas y psiquiátricas.

Así se presentan, como inseparables, en un contexto integrativo. La agresión es un impulso innato del ser humano. Es la energía y la voluntad expresada en las más diversas formas, individual y colectiva.

La agresividad puede ser o no lesiva a otros. Es aprendida del entorno psicosocial y modificada de forma sistemática por la experiencia. La hostilidad es la agresividad orientada hacia otras personas.

De manera que la hostilidad se expresa con el propósito consciente o no de generar daño o dolor a los demás. Y la violencia es la expresión manifiesta, abierta, brutal de la agresividad, que puede ser letal.

En nuestro medio es cada vez más preocupante la violencia manifiesta, desenfrenada, en términos individuales y colectivos, resultado de las injusticias sociales, desigualdades económicas acumuladas.

La violencia se genera por el empobrecimiento progresivo y aprendizaje socio y psicopático, generado por una sociedad  orientada hacia su disolución, en la que juega un papel relevante la transculturación.


Frente a esta realidad, las leyes e instrumentación de las mismas, en cuanto a la tenencia y porte de las armas de fuego legal e ilegal en la población, ameritan una valoración más integral y racional.

II

Desde hace unos 25 años vengo insistiendo en que es indispensable una previa evaluación mental y periódica que determine la sanidad a quienes se les otorguen permisos para la tenencia y porte de armas de fuego, sean estos civiles, miembros de los institutos armados o guardianes de compañías privadas.

No es posible que los medios de comunicación y otros sectores nacionales clamen en el desierto cuando demandan una actitud responsable de parte de los que otorgan los permisos para armas de fuego.

Periódicos y noticiarios nos traen con mortificante frecuencia hechos de violencia cometidos con esos instrumentos de muerte, cuyos protagonistas son sujetos con una amplia variedad de trastornos psicológicos.

Suicidios y homicidios con repercusiones profundamente traumáticas son reportados por las crónicas rojas de los medios, que consternan de forma cotidiana a las familias y a toda la sociedad dominicana.

El CMD y la Sociedad Dominicana de Psiquiatría vienen insistiendo en que los distintos poderes del Estado aúnen esfuerzos para frenar los actos de violencia y de muerte, que se producen empleando armas de fuego.

Esos hechos violentos se repiten unos tras otros sin que el Ministerio de Interior y Policía, el Congreso Nacional ni el Poder Judicial busquen la solución del porte indiscriminado de estos artefactos mortíferos.

El contrabando de armas de todos los calibres, venta, permisos oficiales, fabricación artesanal, así como el alquiler de las mismas a delincuentes se han convertido en un negocio muy lucrativo en el país.
Y por todo ello, al compás de la crisis de esta sociedad, se multiplican los atracos, suicidios, homicidios, asesinatos, sicarios, muertes por accidente, donde están involucrados policías, militares y civiles.

domingo, 16 de octubre de 2016

Responsabilidad legal

Por ANULFO MATEO PÉREZ

I

Los ataques a la Ley hechos por psiquiatras y la defensa de la protección legal que hacen los juristas, oscurecen a veces los problemas del paciente mental que ha delinquido. Los rituales de la Ley en sí pueden ser expresión de temores, deseos e impulsos inconscientes alejados del ideal de jurisprudencia racional.

De igual modo, los juristas desconocen muchas veces de hasta qué punto la atribución de culpa y castigo de la Ley agravan los sentimientos culposos y la tendencia autopunitivas de los pacientes mentales.

Los psiquiatras se han ocupado del diagnóstico y tratamiento, por ejemplo, de los desviados sexuales y agresivos, entidades clínicas que siguen siendo un desafío para estos profesionales y toda la sociedad.

Sabemos que ciertos tipos de conducta criminal crean una reacción muy intensa entre la población, no obstante, la ubicuidad de impulsos y fantasías de ese sujeto demuestran que es movido por dos factores.

Es decir, que en este caso es la expresión de algunos aspectos del funcionamiento normal, por una parte, y de un trastorno de la personalidad, por la otra, correspondiendo así a la Psiquiatría, como al Derecho.

La experiencia clínica ha demostrado que la estructura de la personalidad del criminal es el resultado de una organización intrapsíquica constante, que permite predecir su ideación característica y su conducta.

Así, ese sujeto puede manifestar variaciones transitorias de sus emociones, ideación, afectividad y conducta, si se produce alguna modificación del ambiente externo en que él puede interactuar.

Es conveniente aclarar, que a no ser que se produzca una modificación intrapsíquica significativa como consecuencia del tratamiento, es inevitable que el criminal recurra de nuevo a su conducta habitual.

II

En el ámbito de la psiquiatría forense, un acto socialmente nocivo no constituye necesariamente un crimen, si la acción considerada no ha sido cometida deliberadamente, si el estado mental es tan deficiente, anormal o mentalmente enfermo que le priva de intenciones racionales y juiciosas.

Sólo es posible invocar el Derecho cuando se supone una intención ilegal, porque ni la conducta, por nociva que sea, ni la intención de hacer daño son, en sí mismas, bases para una determinada acción criminal.

Por eso, la reclusión debe ser sopesada legal y psicológicamente, ya que constituye una experiencia única tan traumática que es poco probable que responda favorablemente a la rehabilitación mental.

Es importante recordar que el presidiario o interno, vive en una comunidad totalitaria, dominada por la inseguridad, donde el más fuerte constituye una amenaza permanente, creándole gran tensión.

La persona encarcelada que está presionada por otras, se vuelve resentida y rebelde, que privada de las relaciones con el sexo opuesto, se enfrenta con un ambiente generalmente homoerótico y homosexual.

Su aislamiento de la comunidad en sentido amplio y el hecho de haber sido rechazado por ella disminuyen su autoestima, y como reacción, se vuelve asertiva; pudiendo acariciar de forma obsesiva fantasías de fuga.

Asimismo, muchas personas que han sido llevadas a recintos carcelarios, se enfrentan con la frustración de sus impulsos a la autoexpresión, tienden al aislamiento físico y desde el punto de vista psicológico.

Por todo lo anterior, cuando el psiquiatra se llama a declarar ante un tribunal debe estar consciente de no externar juicios morales, debiendo limitarse a sus apreciaciones clínicas del sujeto juzgado.

domingo, 9 de octubre de 2016

Homicidios y sociedad

Por ANULFO MATEO PÉREZ

I

Las cifras de homicidios en la República Dominicana continúan altas, si tomamos en cuenta que su población para el año 2015 era de poco menos de 10 millones, con una superficie de 48.670 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional que se elevó a 205, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

De acuerdo a la misma fuente oficial, en el año 2015 en nuestro país ocurrieron un total de mil 680 homicidios, mil 522 víctimas de sexo masculino y 158 femenino, cuadro muy parecido a los años 2013 y 2014. Para el 2015, en el Distrito Nacional se produjeron 208 homicidios, 193 hombres y 15 mujeres, mientras en Santiago, 207 murieron por esa causa, 189 hombres y 18 mujeres, con poca diferencia con el 2014.

La región Sur reporta estadísticas que resultan preocupantes; en San Cristóbal les quitaron la vida a 95 personas, 82 hombres y 13 mujeres, mientras en Peravia fueron 33, 31 de sexo masculino y 2 femenino.

En San José de Ocoa, la sumatoria es de 11, 9 hombres y 2 mujeres; Azua: 26 en total, 23 hombres y 3 mujeres; San Juan: 42 personas, 37 de sexo masculino y 5 femenino; Elías Piña: 14, 13 hombres y una mujer.

Barahona: 40, 37 masculinos y 3 femeninas; mientras en Bahoruco es de 18, todos de sexo masculino; Pedernales tiene una cifra de 5, 4 hombres y una mujer, e Independencia: 5 homicidios, todos hombres.

En otras provincias los homicidios se mantienen altos, como ocurrió en Santo Domingo, con 370, 338 hombres y 32 mujeres, mientras en La Altagracia, hubo 72 muertes por esa causa, 59 de sexo masculino y 13 femenino.

Entre otros factores, en el homicidio juegan papel relevante la marginalidad social, narcotráfico, alcoholismo y otras adicciones, hogares rotos y psicopatologías en un sistema excluyente y empobrecedor.

II

Las cifras de homicidios en la República Dominicana son aún más alarmantes, si tomamos en cuenta que una parte significativa de ellos no son tales, sino asesinatos, lo que es un agravante no sólo desde el punto de vista legal, sino también en la estructura psicosocial del victimario y de su entorno familiar.

Desde el ámbito de la psiquiatría forense, la emoción tiene una importancia capital, en particular por su aplicación delictual, ya que se la invoca en la psicogénesis de muchos delitos contra las personas.

Primero, debemos tener en cuenta la “emoción fisiológica”, que provoca perturbación de la capacidad de síntesis, inhibición voluntaria y tendencia al automatismo, puede haber amnesia y memoria imprecisa.

Segundo, la “emoción violenta”. Tiene mayor intensidad que la anterior, pero tampoco llega a suprimir la conciencia; la memoria puede presentar trastorno de falta de nitidez, lagunas y conducta impulsiva.

Y tercero, la “emoción patológica”. Produce inconsciencia fugaz, perturba la voluntad, juicio y la inteligencia. Se pierde el control inhibitorio, hay descarga motriz y luego el sujeto se puede tornar depresivo.

Otras condiciones pueden favorecer la relación estímulo-personalidad, como es el caso de la epilepsia, astenia, hiperemotividad, intoxicación por alcohol u otras drogas que pueda consumir el sujeto.

Sobre estos argumentos de la psiquiatría forense se apoya la defensa de los “homicidas”, sujetos por lo general con trastornos de la personalidad, sobre todo de la clasificada como sociopática o antisocial.

Aunque muchos de ellos son inimputables por delinquir bajo el impulso de una enfermedad mental que le aliena, otros tantos son responsables de sus actos y por lo tanto imputables y condenables al ser juzgados.