Si Medina maniobra para continuar desgobernando el país más allá del 16 de agosto de 2020, estaría violando la Constitución, seguiría usurpando el poder y abriría la compuerta de una grave crisis política.
Si decide alejarse del Palacio Nacional, está consciente que podría ser imputado de hechos graves cometidos durante sus ocho años de gobierno, como es el caso Odebrecht y otros que están pendientes.
El pueblo dominicano no sólo rechaza una reelección presidencial, sino que está negado a seguir siendo gobernado por el PLD, cuyos gobiernos han sembrado el caos institucional, corrupción e impunidad.
Los dirigentes del PLD carecen de principios políticos e ideológicos; el norte que le orienta es satisfacer sus propios deseos: disfrutar del poder, poseer bienes materiales y la búsqueda agitada de fama y gloria.
La cúpula peledeista no ha podido controlar el “gusanito” del deseo de poder ilimitado; se desborda en maniobras para imponerse e insiste en auspiciar obediencia sumisa de las masas, para legitimar el poder.
La manipulación del gobierno a diversos sectores es evidente, poniendo sobre la mesa temas como el “Pacto mundial sobre migración” (con énfasis en la migración haitiana), logrando relegar el caso Odebrecht.
En tanto, Danilo Medina recrudece la cruzada contra sus opositores; persigue a sus críticos más firmes, y endeuda más al país con préstamos que “su” Congreso aprueba, para dejarlo embargado hasta la coronilla.