Por ANULFO MATEO PÉREZ
La corrupción se ha convertido en un cáncer social, que tiene en el poder partidocrático su aliado fundamental, y cuyos liderazgos, ideólogos o “padrinos” han ido logrando la prescripción de ese delito para disfrutar de la impunidad, librándose así del castigo ejemplarizador.
Los efectos de esa podredumbre y sus implicaciones negativas en el ámbito político, social y económico va en aumento, y su rechazo también es creciente, canalizado a través del movimiento Marcha Verde.
Sus efectos los vemos en la ratería de poca monta, narcotráfico, asaltos a mano armada, escalamiento de viviendas, secuestros, violaciones sexuales, feminicidios, contrabando, trata de personas…
El balance del robo al Estado es insalubridad, analfabetismo, desempleo, desprotección social y económica de los sectores más vulnerables y más de la mitad de la población dominicana en la pobreza extrema.
Los promotores del saqueo al erario, verdaderos Al Capone de la politiquería, han inoculado en la mente de sus socios y seguidores, que robar el dinero del pueblo es algo normal cuando se detenta el Poder.
Se han acostumbrado tanto a la depredación de los recursos públicos, que han perdido la conciencia de que la corrupción es un delito y un lastre para el desarrollo social, económico y político de nuestro país.
Ejercen el Poder para su propio beneficio, familiares, socios y amigos, actividad propia de la Cosa Nostra, en contra de la Constitución y las leyes sustentadoras del injusto sistema político que dicen defender.
El sonado caso Odebrecht-Punta Catalina, caracterizado por sobornos y sobrevaluaciones de miles de millones de pesos, es un desafío para todos los ciudadanos honrados que claman justicia y un ¡basta ya!