Se avizora una crisis política a corto plazo si el país no cambia rápidamente de rumbo, dado el deterioro del modelo en que se sustenta esta seudo democracia, caracterizada por la corrupción y el manto de impunidad, inequidad en todos los ámbitos, autoritarismo del gobierno y caos institucional.
Se suman a esos factores, enconadas fricciones en la cúpula del poder político en su sórdida lucha por el control absoluto del Estado y la preservación de intereses grupales acumulados durante su mandato.
Esa lucha mal disimulada se irradia hacia sus seguidores, y por lo visto tendrán que caer algunos corruptos que se pasaron de la “raya” trazada por el Departamento de Estado, ahora en los tiempos de Trump.
Es inocultable la gangrena de los devaluados poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, que en firme alianza entre sí y junto al peledeismo en descomposición empujan a la confrontación social y política.
Se agrega la indignación popular, expresada en la marcha del pasado 22 de enero, que será cada vez mayor frente a tantas perversidades, corrupción y justicia prostituida, articulada con las mafias políticas.
Aunque una gran parte de la prensa corporativa acalla o minimiza lo que acontece en toda la geografía nacional, se advierten otras protestas por demandas insatisfechas y las erráticas políticas estatales.
Los dominicanos han llegado al hartazgo por los desafueros del gobierno de Danilo Medina, y de otros que le precedieron, realidad que se ha tratado de ocultar con multimillonarias campañas mediáticas.
El juez brasileño Sergio Moro acaba de dictar 8 años de prisión contra Joao Santana, ex asesor de Danilo Medina, y en junio develarán los nombres de los sobornados por Odebrecht, hechos que catalizarán la crisis.
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