
Se
asegura que la mayor expresión de inteligencia es la sonrisa, capacidad que se
ha ido perdiendo entre los dominicanos, así como también las naturales
reacciones de asombro ante tanto desorden y abusos propiciados desde las
distintas instancias del Poder.
Pese
a que la Constitución
de la República
establece que el Estado debe garantizar los recursos para preservar la salud
del pueblo dominicano, los servicios andan manga por hombro en el sector
público y en el privado, por más esfuerzos que hagan los funcionarios por
ocultar esa realidad.
Los
médicos transitan un vía crucis por la mejoría de sus salarios y condiciones
laborales. El gobierno rechaza año tras año esas demandas, y el Congreso, quien
ganará “El Soberano” como hipócrita del año, se empeña en identificar fuentes
impositivas muy sensibles, consciente de que serán rechazadas, como son el gas
propano, ahorros y certificados de depósitos. ¡Pura táctica de distracción!
Bocinas
bien pagadas les dicen vagos a los médicos para negar sus derechos y justificar
la inoperancia de Salud Pública. Muchos especialistas tienen el rol de “jefe de
servicio”, pero reciben salarios de miseria, al tiempo que proliferan
holgazanes analfabestias y politiqueros arribistas “apuntados” con sueldos de
lujo en las nóminas estatales.
Se
critica que “los médicos” incumplen horarios, sin hacer la salvedad de que se
trata de un grupo, mientras se omite que muchos de ellos ni siquiera van a los
hospitales por su militancia política oficialista. ¿Por qué a los médicos que
cumplen sus obligaciones no les mejoran sus salarios? Porque constituyen la
mayoría.
El
caos en el sector salud no es fruto del azar. Al contrario, ha estado siempre
auspiciado por los distintos gobiernos, para evadir lo que establece la Carta Magna, la Ley General de Salud y
los reglamentos hospitalarios; son los primeros en pescar en ese mar revuelto y
en situarse de espalda a las grandes mayorías.
El
desorden se extiende a Promese, a las boticas populares y a las farmacias
hospitalarias, lo que debilita aún más la autoridad de los funcionarios que
intentan sancionar las ilegalidades que comete el sector privado en el comercio
de medicamentos o impedir que los colmados y paleteras vendan la “pastillita
azul”.
El
sector salud anda tan mal, que ya no sabemos cuál es el público ni cuál es el
privado. Ahora se ha legalizado el desorden con la nueva Seguridad Social,
modelo donde predominan los intereses de la medicina privatizada y sus
intermediarios, con médicos, bioanalistas, odontólogos, enfermeras,
farmacéuticos y técnicos mal pagados.
Es
un modelo que permite que en los hospitales y hasta en centros privados, al
paciente se le llame por el “número” de orden en que le toca recibir el
servicio; al hospitalizado se le identifique, por ejemplo, como “Hache cuatro
cama dos” (según su ubicación), y que al lado de las órdenes para administrar
medicamentos, la enfermera escriba “NH” (No Hay). ¿Y entonces?
15/febrero/2009
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