Por
ANULFO MATEO PÉREZ
Desde
que la salud se convirtió en una mercancía de libre mercado y la población
dominicana se hizo cada vez más dependiente de las ARS y PSS para recibir sus
servicios, bajo la Ley
87-01, la confidencialidad del paciente es cada vez más vulnerada por los
actores económicos del Sistema de la Seguridad Social.
Uno
de los graves problemas que están confrontando los asegurados que acuden a las
farmacias, es que los expendedores de esos establecimientos les están exigiendo revelar sus diagnósticos.
La
información requerida es para rellenar un formulario con la misma, lo que
desconoce el derecho del paciente a que sus antecedentes personales, su ficha e
historia clínica se mantengan en reserva.
Lo
mismo ocurre con las indicaciones para pruebas clínicas y de gabinete, y que algunas
ARS obligan a consignar el diagnóstico, conocido luego por empleados ajenos al personal
de salud y a la ética que lo rige.
He
apreciado, que esta práctica se está generalizando y toca al personal administrativo
y de más bajo nivel en las ARS, PSS y en hospitales del Estado, a donde acuden con
sus dolencias los más pobres.
Las
mamparas para separar al enfermo de otros, ya no se usan como antes se hacía,
se interroga y se realiza tacto rectal, vaginal, colocación de sonda vesical o
examen de mamas a la vista de terceros.
El
paciente no es tal, sino un cliente, un objeto con valor comercial, porque con
este modelo sanitario, que se privatiza y deshumaniza cada vez más, la salud ha
pasado a ser una mercancía muy lucrativa.
Es
conveniente recordar que la responsabilidad ética del médico es potenciada por
la ley, que otorga el derecho a la privacidad y no le obliga a revelaciones
inapropiadas que puedan causar daños al que recibe sus atenciones.
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