Por
ANULFO MATEO PÉREZ
El
sistema político impuesto por las clases dominantes durante décadas en la República Dominicana ,
ha entrado a una etapa de aceleramiento de su crisis estructural, y tendrá que
ser desplazado por los sectores que lo advierten como una seria amenaza a su
estabilidad, desarrollo y supervivencia.
Este
sistema pervertido, que en el pasado dio origen a regímenes oligárquicos,
despóticos, excluyentes, represivos… ahora ha creado en su interior estructuras
criminales y abiertamente desafiantes.
En
los partidos que le dan sostén a este sistema decadente impera un pérfido
método de financiamiento de oscura procedencia, convirtiendo a esas anacrónicas
organizaciones en peligrosas entes mafiosas.
Desde
que se inició la práctica de puertas abiertas para el financiamiento ilícito,
la fortaleza de los viejos partidos no ha descansado en su programa político ni
en propuestas a la sociedad, sino en el dinero.
A
esa partidocracia le gusta nominar a candidatos millonarios, cuyos recursos
provienen de transacciones ilícitas, con gastos excesivos en las campañas
electorales… sumándose las débiles regulaciones.
Por
esa notoria laxitud ética en los controles del financiamiento, las estructuras
criminales echan raíces en esos partidos; así logran proteger sus negocios,
fortalecer la red mafiosa y expandirse sin límites.
La
apertura a individuos y grupos criminales ha permitido que estos controlen esas
entidades políticas, ocupen posiciones claves en el Estado, es decir, en el
Congreso Nacional, Poder Judicial y en el Ejecutivo.
El
caso Odebrecht es un ejemplo del gran atraco al erario, que genera desigualdad,
exclusión y agitación social… en un momento en que esa mafia está atrapada, lo
que la empujaría al asesinato político.
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