Por
ANULFO MATEO PÉREZ
Tras
los comicios del pasado 15 de mayo, la República Dominicana
está siendo afectada por una aguda crisis institucional, caracterizada por una
complejidad de factores, como fraudes diversos, rompimiento con leyes y normas
electorales, y las relaciones tradicionales entre actores políticos y
sociales.
La
incertidumbre de los dominicanos es evidente, desde la gente de a pié, hasta el
empresariado, pasando por los distintos sectores religiosos, líderes políticos
y los poderes institucionales y fácticos.
La
inestabilidad institucional es ostensible en la JCE , TSE, TC, poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, ya que no están en capacidad de intervenir para impedir la caída
libre del obsoleto sistema político vigente.
La
crisis política se podría complicar aún más si los poderes del Estado son
usados para cercenar los derechos electorales y políticos de los ciudadanos, en
una sociedad con viejas tensiones acumuladas.
Es
inocultable el descontento, desconfianza, desaprobación y desconocimiento de
los representantes políticos, disfunciones y contradicciones, que en el país se
han ido gestando desde hace décadas.
Los
responsables del creciente deterioro institucional deben entender que por la
ilegitimidad de candidatos electos, ya se están escenificando protestas
públicas para que se respete la voluntad popular.
No
se debe descartar que por las movilizaciones de masas en desarrollo, se
produzcan renuncias de los integrantes de la JCE y las altas cortes, exigidas con energía por
millones de ciudadanos defraudados.
Los
que gobiernan no saben ahora como sacar al país del atolladero, mientras una
buena parte de los actores sociales y políticos valoran la crisis como una
oportunidad para salir definitivamente de ellos.
